Houston, Texas.- El presidente de FWD.us, Todd Schulte, dijo que los daños causados por “nuestros fallidos sistemas de justicia penal e inmigración son reales, urgentes y afectan a todos los estadounidenses”.
Es por esto que, explico, durante décadas, economistas, criminólogos, familias y expertos en política pública de todos los sectores políticos han demostrado de manera irrefutable que estos sistemas no ofrecen seguridad, justicia ni oportunidades económicas.
“Reformarlos es esencial para cualquier agenda de política interna destinada a proporcionar un futuro más seguro, más libre, más próspero y más justo para nuestro país”, expresó.
Pero, en lugar de afrontar este reto, el proyecto de ley BBB agravará los problemas existentes al recortar programas esenciales de los que dependen millones de familias, incluyendo servicios de atención médica, iniciativas de seguridad comunitaria, programas de nutrición y educación.
Estos recortes drásticos se están utilizando para financiar y acelerar una ofensiva de control migratorio que ya está siendo rechazada por la mayoría del pueblo estadounidense, y es caracterizada por “abuso de la autoridad, la criminalización de comunidades enteras, la persecución de inmigrantes con estatus legal y permisos de trabajo, la desaparición de personas en prisiones extranjeras y un evidente desprecio por el poder judicial y los derechos al debido proceso”.
Aseguró que privar a las comunidades de los servicios que las mantienen estables y saludables para expandir políticas represivas que la mayoría de los estadounidenses no quieren es un error que no reducirá los costos para las familias ni mejorará la seguridad pública.
“Necesitamos reformas de inmigración y justicia penal eficaces, con visión de futuro, razonables y respaldadas por la mayoría, que reflejen mejor a la voluntad del pueblo, , protejan a las familias y comunidades, y generen un cambio duradero”, urgio.