Austin, Texas.- Este lunes, se espera que el Senado de Texas acelere la aprobación del Proyecto de Ley Senatorial 14 (SB 14), una controvertida propuesta que, según sus defensores, reduciría drásticamente la transparencia policial y negaría al público el acceso a registros cruciales, incluyendo aquellos que expusieron las fallas en la respuesta al tiroteo de Uvalde.

El SB 14 crearía un nuevo tipo de “expediente departamental” confidencial para cada oficial de policía, carcelero o agente de Texas. A diferencia de los archivos personales, estos archivos departamentales contendrían casi todos los registros relacionados con la conducta de un oficial —incluyendo quejas, memorandos, grabaciones de cámaras corporales, grabaciones de cámaras fijas de la cárcel, llamadas al 911 y transmisiones de radio, correos electrónicos internos y declaraciones de testigos— y estarían permanentemente sellados al público, según explicaron organizaciones en un comunciado.

“Si este proyecto de ley se hubiera promulgado después de Uvalde, las familias y los periodistas no podrían nunca las grabaciones y los documentos que finalmente revelan la verdad”, declaró Eric Martinez, director ejecutivo de Mano Amiga Action. “No podemos generar confianza ocultando la verdad”.

La audiencia está programada para las 9:00 a. m. del lunes en el Comité de Asuntos Estatales del Senado, y se espera una votación esta semana. Los defensores advierten que el proyecto de ley podría llegar al pleno del Senado el miércoles.

Según el texto del proyecto de ley, el expediente de un departamento debe incluir cualquier documento “relacionado” con el agente que no figure en su expediente personal, incluyendo cualquier queja que se considere con “pruebas insuficientes” para ser sustentada.

Los defensores argumentan que muchos departamentos ya no investigan las quejas a fondo, lo que significa que la etiqueta “sin fundamento” a menudo significa simplemente “sin examinar”.

“La SB 14 permitiría a los departamentos de policía auto vigilarse y luego bloquear la evidencia”, dijo Kathy Mitchell, asesora principal de Equity Action. “Eso no es seguridad pública, es impunidad”.

El proyecto de ley se aplica no solo a los grandes departamentos urbanos, sino también a cientos de pequeñas agencias en todo Texas, incluyendo departamentos con un solo agente donde los alguaciles o carceleros podrían sellar sus registros de mala conducta sin supervisión.

Disposiciones clave de la SB 14:

Sella todos los registros que no se encuentren en el expediente personal oficial de un agente, incluyendo quejas, grabaciones de cámaras corporales, correos electrónicos y memorandos internos.

Se aplica a todos los titulares de licencias de las fuerzas del orden, incluyendo policías, carceleros y alguaciles.

Impide que familias, periodistas y agencias de supervisión accedan a documentos, incluso en casos de muerte o lesiones graves.

“La Cárcel del Condado de Bexar ha enfrentado años de escrutinio debido a un patrón de muertes y lesiones bajo custodia. La SB 14 garantiza que si alguien resulta herido pero sobrevive, las familias podrían nunca saber si el agente tenía antecedentes de violencia o denuncias que fueron investigadas deficientemente”, declaró Ananda Tomas, Directora Ejecutiva del Fondo de Acción ACT 4 SA. “Eso no es rendición de cuentas, sino protección institucional a expensas de la seguridad pública”.

La SB 14 forma parte de la convocatoria de sesión especial del gobernador Abbott y refleja un intento fallido anterior de ampliar el secretismo sobre la mala conducta policial. Con la confianza pública en las fuerzas del orden ya bajo presión, los defensores advierten que este proyecto de ley agravaría la desconfianza y silenciaría a las familias más afectadas por la violencia policial. “Este proyecto de ley no solo es una mala política, sino que traiciona el derecho del público a la información”, afirmó Tomas.

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