McAllen, Texas.- Un plazo de 30 días están dando ciertas oficinas de vivienda pública -y propietarios que participan en programas de viviendas financiadas por el Departamento de Desarrollo Urbano y Vivienda- a sus inquilinos para que comprueben que son residentes legales o ciudadanos en este país.
A través de cartas las Public Housing Autorities hace un llamado urgente a sus inquilinos para que verifiquen su ciudadanía o estatus migratorio. De esta forma la agencia colabora con el Departamento de Seguridad Nacional y con la agenda del Presidente de erradicar el abuso de los recursos financiados por los contribuyentes.
La documentación que los inquilinos deben presentar son certificado de nacimiento en Estados Unidos, pasaporte, certificado de naturalización, etc.
De acuerdo al HUD: “Los no ciudadanos que no cumplen con los requisitos no tienen derecho a recibir beneficios sociales”.
El pasado 23 de enero, el Departamento de Desarrollo Urbano y Vivienda emitió una directiva que exige a todas las Public Housing Autorities y a los propietarios de inmuebles, verificar la ciudadanía o el estatus migratorio de todos los inquilinos de viviendas financiadas con fondos públicos federales, incluidos los programas de la Sección 8 y 9
Esta orden, denominada “Limpieza general”, se aplica a todos los residentes actuales, no solo a los nuevos inquilinos.
El anuncio del Departamento de Desarrollo Urbano y Vivienda vino tras una auditoría que requería que 200 mil inquilinos verificaran su elegibilidad; también encontraron 25 mil inquilinos fallecidos y casi seis mil no estadounidenses que no cumplían con los requisitos.
Aunque el requisito de ser residente legal o ciudadanos de este país para acceder a los servicios de vivienda pública no es nuevo, el plazo para presentarlos, sí.
Los pagos del HUD se limitan a los residentes cuya elegibilidad haya sido verificada.
Es posible que los propietarios tengan que reembolsar los fondos correspondientes a inquilinos no elegibles, y las autoridades de vivienda pública o los propietarios corren el riesgo de que se les retengan o reduzcan los fondos federales.