*Estados Unidos acusa a Rubén Rocha Moya y nueve politicos más de graves delitos
Washington, D.C.- El Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y nueve políticos sinaloenses fueron acusados hoy formalmente de narcotráfico y delitos relacionados con armas, informaron Jay Clayton, Fiscal dl Distrito Sur de Nueva York y Terrance C. Cole, administrador de la DEA.
Documentos de la corte acusan que Rocha Moya fue electo gobernador después de que presuntamente Los Chapitos le ayudaron a través del secuestro e intimidación de sus rivales.
El gobernador sinaloense supuestamente asistió a reuniones con Los Chapitos en las que prometió protegerlos mientras estos distribuían cantidades masivas de drogas hacia los Estados Unidos.
“En su calidad de Gobernador, Rocha Moya ha permitido que Los Chapitos operen con total impunidad en Sinaloa”, asegura.
Los funcionarios y ex funcionarios mexicanos implicados en la acusación son: Enrique Iinzunza Cazarez, Enrique Diaz Vega, Damaso Castro Zaavedra, Marco Antonio Almanza Aviles, Alberto Jorge Contreras Nunez, alias “cholo”, Gerardo Merida Sánchez, José Antonio Dionisio Hipolito, alias “tornado”, Juan de Dios Gámez Mendivil y Juan Valenzuela Millan.
A Valenzuela Millán se le imputan, además, delitos relacionados con su participación en el secuestro de una fuente de la DEA y de un familiar de dicha fuente, hechos que resultaron en la muerte de ambos.
Todos los acusados son funcionarios gubernamentales y de las fuerzas del orden, actuales o anteriores y de alto rango, del estado mexicano de Sinaloa y se les acusa de haberse asociado con el Cártel de Sinaloa para distribuir cantidades masivas de narcóticos hacia los Estados Unidos.
“El Cártel de Sinaloa no podría operar con tanta libertad ni éxito sin contar con políticos y funcionarios de las fuerzas del orden corruptos en su nómina”, dijo el administrador de la DEA. “Que estos cargos sirvan como un mensaje claro para todos aquellos funcionarios, en cualquier parte del mundo, que colaboren con narcotraficantes: independientemente de su título o cargo, estamos decididos a llevarlos ante la justicia”, advirtió.
Se alega que ciertos funcionarios policiales en México -incluidos, según se alega, algunos de los acusados- han participado directamente en los actos de violencia y represalia del Cártel; entre otras acciones, han asesinado a enemigos del Cártel y han secuestrado a personas en México bajo la sospecha de que colaboraban con las autoridades estadounidenses encargadas de hacer cumplir la ley en esta investigación.
Los acusados imputados en esta Acusación formal son funcionarios gubernamentales o de las fuerzas del orden —actuales y antiguos— del estado de Sinaloa. Según se alega, cada uno de los acusados ha participado en una conspiración de narcotráfico corrupta y violenta junto con el Cártel, con el fin de importar cantidades masivas de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina desde México hacia los Estados Unidos.
Los acusados han desempeñado una variedad de funciones esenciales para el Cártel: entre otras cosas, presuntamente han brindado protección a los líderes del Cártel para evitar que fueran objeto de investigaciones, arrestos y procesos judiciales; han facilitado la entrega de información sensible de las fuerzas del orden y del ámbito militar a miembros del Cártel y a narcotraficantes aliados, con el fin de apoyar las actividades delictivas del Cártel; y han dado instrucciones a miembros de organismos policiales estatales y locales —tales como la Policía Estatal de Sinaloa, la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa y la Policía Municipal de Culiacán— para que protegieran los cargamentos de drogas almacenados en México o que transitaban por su territorio con destino a los Estados Unidos. y permitieron que miembros del Cártel cometieran actos de violencia brutal relacionados con las drogas sin consecuencia alguna. A cambio, los acusados han recibido colectivamente millones de dólares en dinero proveniente del narcotráfico por parte del Cártel.