Austin, Texas.- La oficina del Fiscal General Ken Paxton envió una carta, en representación de su cliente Texas Tech University, a los dirigentes de la Conferencia Big 12. En ella, les notificó que cualquier intento de sancionar a Texas Tech University por actuar en cumplimiento de una orden judicial válida constituiría una violación de las leyes federales y estatales, además de exponer a la conferencia y a sus miembros a responsabilidades legales por infracciones a las leyes antimonopolio.
Esta advertencia surge a raíz de una orden de medida cautelar provisional emitida el 8 de junio de 2026 por un tribunal de Texas en el caso *Sorsby contra la NCAA*. Dicha orden prohibía a la NCAA impedir que Brendan Sorsby entrenara, jugara o participara de cualquier otra forma en el equipo de fútbol americano de Texas Tech durante la temporada 2026, sujeto a ciertas condiciones, incluida una suspensión de dos partidos.
Texas Tech no es parte en esa demanda. La Oficina del Fiscal General (OAG, por sus siglas en inglés) fue informada de que la Big 12 y las universidades integrantes de la conferencia estaban considerando sancionar a Texas Tech por acatar la orden judicial provisional y mantener su apoyo a Sorsby en su calidad de estudiante-atleta.
En la carta, la OAG dejó claro que tal sanción constituiría un acuerdo horizontal entre competidores para perjudicar a Texas Tech; una conducta que, por definición, es ilegal *per se* según las leyes antimonopolio estatales y federales.
La conferencia y las universidades miembros se expondrían a pagar el triple de los daños y perjuicios —incluyendo las pérdidas de ingresos por fútbol americano de Texas Tech, los daños a las contribuciones de los exalumnos y los perjuicios en el reclutamiento de atletas—, además de los honorarios de abogados, lo que podría superar los 200 millones de dólares.
Asimismo, la OAG advirtió que cualquier acción de la conferencia que resultara en la cancelación, pérdida o modificación de los partidos programados de Texas Tech constituiría un incumplimiento de contrato. Además, interferir con los acuerdos de patrocinio, los compromisos de venta de entradas y otras relaciones comerciales de la universidad expondría a la conferencia a demandas por interferencia ilícita en relaciones contractuales o comerciales.
“Texas Tech actuó en conformidad con una orden judicial legítima, y ninguna conferencia deportiva tiene derecho a castigar a una institución miembro por respetar el proceso judicial”, declaró el Fiscal General Paxton. Las leyes antimonopolio existen precisamente para impedir este tipo de esfuerzo coordinado e ilegal destinado a perjudicar a un competidor. Cualquier intento de la Big 12 de sancionar a Texas Tech por acatar el fallo de una demanda en la que no fue parte conllevaría graves consecuencias legales.