Dallas, Texas.- Magnolia Diagnostics, un laboratorio clínico con sede en Dallas (Texas), y sus propietarios, John Bains y Kelly Bains, han acordado pagar a Estados Unidos 19.2 millones de dólares para resolver las acusaciones de haber infringido la Ley de Reclamaciones Falsas al facturar a Medicare pruebas de paneles de patógenos respiratorios —médicamente innecesarias— realizadas a personas mayores que se sometían a pruebas de COVID-19.
Los inversores de Magnolia pagarán otros 4.8 millones de dólares para resolver reclamaciones de derecho consuetudinario por enriquecimiento injusto y pago por error, así como reclamaciones en virtud de la Ley Federal de Procedimientos de Cobro de Deudas, derivadas de las distribuciones que recibieron de Magnolia.
“Mi oficina está comprometida a combatir el fraude sanitario utilizando todas las herramientas disponibles, tanto mediante procesos penales como, en este caso, investigaciones civiles. Una cantidad excesiva de fondos destinados a la atención sanitaria se pierde debido al fraude, el despilfarro y el abuso; sin embargo, los acuerdos civiles como este ayudan a recuperar valiosos recursos sanitarios para los contribuyentes estadounidenses”, afirmó el Fiscal Federal Ryan Raybould, del Distrito Norte de Texas.
Estados Unidos alega que, a partir de abril de 2020, John Bains y Kelly Bains, actuando a través de Magnolia, idearon una estrategia para generar ingresos significativos exigiendo que las residencias para personas mayores que solicitaban pruebas de COVID-19 también adquirieran costosos paneles de patógenos respiratorios (RPP, por sus siglas en inglés).
“Para implementar este protocolo, Magnolia utilizaba formularios de solicitud prellenados que seleccionaban la prueba RPP y los códigos de diagnóstico asociados antes de que se realizara cualquier evaluación clínica individualizada. Presuntamente, Magnolia trataba las firmas de los profesionales sanitarios en dichos formularios como órdenes permanentes o generales que autorizaban los RPP para todas las personas mayores de comunidades enteras o cadenas de comunidades, y luego utilizaba esas supuestas autorizaciones para realizar RPP en muestras recolectadas durante pruebas de COVID-19 realizadas a nivel comunitario”, explica la fiscalía en un comunicado.
Asimismo, Estados Unidos alega que Magnolia realizó RPP en algunas comunidades sin contar con una supuesta orden permanente, y continuó realizándolos incluso después de que los profesionales y las comunidades exigieran pruebas exclusivas de COVID-19, cuestionaran la necesidad médica o el valor clínico del panel, o declararan que no habían autorizado los RPP.
“En ocasiones, John Bains presuntamente amenazó con negar las pruebas de COVID-19 a aquellas comunidades que solicitaban no recibir los RPP. En al menos dos casos, John Bains presuntamente alteró un formulario de solicitud firmado por un profesional para ampliar el alcance aparente de la autorización más allá del centro identificado en el formulario original, utilizando luego dichos formularios alterados como órdenes permanentes para respaldar la realización de RPP a residentes de múltiples centros no contemplados en el formulario original”, agregan los documentos de la corte.
También se alega que Magnolia congelaba y almacenaba miles de muestras respiratorias —a veces durante semanas o meses— antes de descongelarlas y analizarlas. De este modo, Magnolia obtenía resultados de RPP cuando estos ya no podían servir de base para decisiones oportunas sobre tratamiento, aislamiento o control de infecciones. Estados Unidos sostiene que, entre el 1 de abril de 2020 y el 30 de septiembre de 2021, Magnolia, John Bains y Kelly Bains presentaron —o hicieron que se presentaran— a Medicare, de manera deliberada, reclamaciones falsas por miles de pruebas RPP que carecían de necesidad médica.