San Antonio, Texas.- Un gran jurado federal emitió una acusación formal sustitutiva contra un total de 14 personas —incluidos siete extranjeros en situación migratoria irregular, tres personas que no son ciudadanas estadounidenses y cuatro ciudadanos de los Estados Unidos— por su participación en una conspiración para introducir extranjeros en los Estados Unidos con fines de lucro.
Esto incluye un intento fallido de tráfico de personas que resultó en la muerte de siete individuos, entre ellos un menor, quienes fallecieron tras ser introducidos en un contenedor de carga con ventilación deficiente.
“Al orquestar presuntamente esta red mortal de tráfico de personas, los acusados demostraron una total indiferencia por el valor de la vida humana, poniendo a las personas en peligro con el único fin de enriquecerse», declaró el fiscal general adjunto A. Tysen Duva, de la División Penal del Departamento de Justicia.
Por su lado, el fiscal federal Justin R. Simmons, del Distrito Oeste de Texas, dijo que en los últimos meses, se han registrado múltiples intervenciones relacionadas con el tráfico de personas a través de vagones de tren. “Es probable que quienes fueron hallados con vida en estas operaciones nunca lleguen a comprender la suerte que tuvieron al sobrevivir”, comentó.
John A. Pasciucco, de la oficina de HSI en San Antonio, explico que, segun las acusaciones, esta red de tráfico de personas utilizaba trenes de carga y contenedores de transporte sellados para trasladar a individuos hacia el interior del país, sometiéndolos a condiciones inhumanas y potencialmente mortales.
Entre los acusados se encuentran: Karina García, de 37 años, de Del Rio, Texas; Edson Alejandro Pérez, de 18 años, de Del Rio; Seferino Huerta-Casillas, de 35 años, ciudadano extranjero en situación migratoria irregular proveniente de México; Jonas Ulloa-Aguilera, de 25 años, ciudadano extranjero en situación migratoria irregular proveniente de Honduras; Mayra Alejandra Huerta, de 32 años, de Del Rio y María Norma Neri de Morán, de 56 años, de México.
También se incluye a Damián Huerta Analucas, de 55 años, de México; Rosario Cristal López-Saldaña, de 26 años, ciudadana extranjera en situación migratoria irregular proveniente de México; Eric Hernández, de 40 años, de Eagle Pass, Texas; Franklin Williams Ayala Aguilera, de 30 años, ciudadano extranjero en situación migratoria irregular proveniente de Honduras; Pascual Raymundo Loarca, de 34 años, ciudadano extranjero en situación migratoria irregular proveniente de Guatemala; Juan Álvaro Membreño-Contreras, de 40 años, ciudadano extranjero en situación migratoria irregular proveniente de Honduras; Yuri Julissa Cuaresma Paredes, de 34 años, de Honduras; y Mavis Aleyda Escalante Peraza, de 38 años, ciudadana extranjera en situación migratoria irregular proveniente de Honduras.
Según los documentos judiciales, al menos desde abril de 2023 hasta el 12 de mayo de 2026, los acusados y otras personas operaron una organización dedicada al tráfico de personas que utilizaba ilegalmente trenes de carga para trasladar a extranjeros hacia el interior de los Estados Unidos, tras haberlos introducido en el país a través de la frontera sur con México.
Cada persona traficada —o sus familiares y amigos— pagaba a los traficantes en Honduras, México, Estados Unidos y otros lugares sumas de entre 1,500 y 10,000 dólares.
La organización estaba compuesta por varios traficantes que colaboraban con otros grupos para alcanzar sus objetivos; esto incluía la coordinación y el uso compartido de rutas, guías, casas de seguridad y conductores.