Brownsville, Texas.- El exalcalde de Progreso fue sentenciado a 3.8 años de prisión federal por su participación en una conspiración para poseer cocaína con intención de distribuirla, anunció el fiscal federal Nicholas J. Ganjei.
Tras cumplir su condena, Alanís deberá cumplir con otros tres años de libertad supervisada.
En la audiencia, el tribunal escuchó evidencia adicional que describió el uso de un edificio escolar para almacenar y re empaquetar cocaína.
Al dictar la sentencia, el tribunal señaló que las drogas peligrosas destruyen vidas en ambos lados de la frontera y que el uso de la propiedad del distrito escolar fue un factor agravante al determinar la sentencia apropiada.
“Es impensable que un funcionario público permita que, precisamente, una escuela se utilice como almacén de cocaína. Los hechos de este caso demuestran cómo el narcotráfico afecta a todos los ámbitos de una comunidad, no solo a las fuerzas del orden”, declaró Ganjei.
La investigación determinó que, entre 2020 y 2022, los conspiradores contrabandearon kilogramos de cocaína a Estados Unidos desde México. La organización narcotraficante re empacaba y ocultaba la cocaína en compartimentos ocultos integrados en camiones de 18 ruedas.
Otros involucrados en la conspiración la transportaban a otros estados, específicamente a Illinois, Tennessee y Carolina del Norte.
Varios más ya han sido sentenciados por su participación en el esquema. Francisco Alanis, de 42 años y residente de Weslaco, recibió 150 meses de prisión federal.
Eulalio Sierra, de 51 años y residente de Los Indios, recibió una condena de 120 meses, mientras que José Salas, de 43 años y residente de Weslaco, recibió una condena de 47 meses.
Por su lado, Ralph Lozano, de 39 años y residente de Houston, cumplió su condena y David Gómez-Ramos, de 36 años y residente de Mercedes, cumplirá una pena de 139 meses de prisión, mientras que Juan Pablo Serrata, de 50 años y residente de Santa Rosa, y Gregorio Salinas, de 54 años y residente de Mercedes, recibieron penas de 70 y 37 meses, respectivamente.
Gómez-Ramos, Serrata y Salinas no son ciudadanos estadounidenses y se espera que enfrenten un proceso de deportación tras cumplir su condena.
“Cuando los funcionarios públicos participan en el narcotráfico, violan la confianza depositada en ellos por la comunidad y ponen en riesgo innumerables vidas. Esta sentencia refleja nuestro firme compromiso de desmantelar las redes que permiten el flujo de narcóticos peligrosos a nuestros vecindarios y de exigir responsabilidades a todos los participantes, independientemente de su cargo o influencia”, declaró Mark Lippa, agente especial adjunto a cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional del ICE en el Valle del Río Grande.