Laredo, Texas.- “Soy completamente inocente de los cargos” dijo el Sheriff Martín Cuellar respecto de dos acusaciones federales en su contra por fraude y lavado de dinero.
“A lo largo de mi carrera, como agente de la Patrulla Estatal de Texas, sargento investigador de narcóticos, teniente de narcóticos y ahora como su sheriff, he aprendido a distinguir entre lo correcto y lo incorrecto, y sé lo que hice y lo que no hice”, explica.
El Sheriff confió en que cuando los hechos se examinen de forma completa “y justa”, la verdad saldrá a la luz.
Cuéllar pidió a la comunidad guiarse por los hechos “no por rumores o especulaciones”.
“Mi responsabilidad sigue siendo la misma que ayer y anteayer: proteger este condado, apoyar a los valientes y dedicados agentes y al personal que visten el uniforme cada día, y garantizar la seguridad y el bienestar de todos los residentes a quienes servimos”, asentó.
El actual sheriff del condado de Webb y su subjefe se presentaron ayer ante un tribunal federal por su presunta participación en un plan para defraudar a la Oficina del Sheriff del Condado de Webb durante la pandemia de COVID-19, según anunció ayer el fiscal federal Nicholas J. Ganjei, según la acusación.
Según la acusación, Cuellar, Gutiérrez y el ex subjefe Ricardo Rodríguez utilizaron personal y recursos de la Oficina del Sheriff del Condado de Webb (WCSO) para operar un negocio de desinfección con fines de lucro durante la pandemia de COVID-19.
Supuestamente, abrieron Disinfect Pro Master en abril de 2020 y firmaron contratos de servicios con negocios y restaurantes locales a pesar de no contar con empleados ni suministros propios.
Disinfect Pro Master obtuvo un contrato de $500,000 para desinfectar las escuelas del Distrito Escolar Independiente Unido en Laredo y que completó el trabajo utilizando personal y recursos de la WCSO.
Según las acusaciones, Cuellar, Gutiérrez y Rodríguez recibieron cada uno aproximadamente 175.000 dólares, un tercio de las ganancias. Supuestamente, Cuellar utilizó parte de sus ganancias para comprar una propiedad en Laredo.
De ser declarados culpables, tanto Cuellar como Gutiérrez se enfrentan a una pena de hasta 10 años de prisión federal, además de una posible multa máxima de 250.000 dólares.
Cuellar también está acusado de lavado de dinero, delito que conlleva una pena adicional de 10 años de prisión y una multa de hasta 250.000 dólares o el doble del valor de la propiedad involucrada en la transacción inmobiliaria.