Austin, Texas.- Texas contribuyó a lograr una victoria importante ante la Corte Suprema de los Estados Unidos, la cual permite al gobierno federal seguir facilitando a Texas y a otros estados el acceso a información federal ampliada sobre ciudadanía. Esta información se utiliza para verificar la elegibilidad de los votantes y mantener registros electorales precisos mientras continúa el litigio.
“El fallo de hoy de la Corte Suprema es una victoria para la integridad de nuestras elecciones y del proceso democrático”, declaró el Fiscal General Ken Paxton. “Texas debe poder seguir utilizando recursos que nos ayuden a mantener unas elecciones justas y seguras para proteger la voz del pueblo estadounidense”.
Anteriormente, el presidente Donald Trump amplió el sistema de Verificación Sistemática de Derechos de Extranjeros (SAVE, por sus siglas en inglés) del Departamento de Seguridad Nacional de los EE. UU. (DHS), con el fin de mejorar la capacidad de los funcionarios electorales estatales y locales para verificar el estatus de ciudadanía de las personas que figuran en los padrones electorales. Antes de esta ampliación, el sistema era considerablemente más limitado y engorroso para la verificación de las listas de votantes. Tras la ampliación, grupos activistas demandaron al gobierno federal en un intento por bloquear el sistema SAVE modificado.
En abril de 2026, el Fiscal General Paxton intervino en el caso para defender el uso por parte de Texas del sistema SAVE modificado. El Fiscal General Paxton argumentó que el acceso a SAVE promueve los intereses fundamentales del Estado de mantener registros electorales precisos, prevenir votos ilegales y garantizar elecciones justas y exactas. Asimismo, defendió la autoridad del gobierno federal para operar el sistema modificado, argumentando que los demandantes carecían de fundamentos válidos para impedir que Texas accediera a la información necesaria para verificar la elegibilidad de los votantes.
En junio, el Tribunal de Distrito de los EE. UU. para el Distrito de Columbia falló en contra del gobierno federal y de Texas, anulando el programa SAVE modificado. Tras la apelación, la Corte Suprema ha suspendido la sentencia del tribunal de distrito, permitiendo que se reanude el uso del sistema SAVE modificado mientras continúa el litigio. Al conceder la suspensión, la Corte Suprema concluyó que es probable que las alegaciones de los demandantes carezcan de fundamento. El fallo también subrayó que la ley federal exige al DHS responder a las consultas de los gobiernos estatales y locales que buscan verificar o determinar el estatus de ciudadanía o migratorio de una persona.