McAllen, Texas.- Mientras un trabajador indocumentado enfrenta cárcel, deportación y prohibición de reingreso de por vida por cruzar la frontera, la empresa que lo contrata y lucra con su mano de obra barata paga en promedio 833 dólares de multa. Esa es la aritmética migratoria norteamericana.
Desde el 20 de enero de 2025, ICE arrestó a más de mil trabajadores sin autorización en redadas a centros de trabajo. En el mismo periodo, auditó mil 200 empresas y propuso “cerca de un millón en multas”. El balance es simple: 833 dólares por empresa.
En marzo de 2025, solo por entrada ilegal, se procesó penalmente a mil 660 personas. Casi el doble que en febrero, según datos de TRAC Reports de Syracuse University, que analiza registros del gobierno federal obtenidos vía FOIA.
El número de empresas procesadas penalmente por contratar se antoja ridículo: ¡En los últimos 40 años, no más de 25 personas al año! Entre 2018 y 2019, solo 11 patrones fueron procesados, frente a 86 mil migrantes por entrada ilegal. De esos 11, solo 3 pisaron la cárcel.
El 28 de abril de 2025, ICE anunció 8.05 millones en multas a 3 empresas de limpieza en Denver. CCS Denver pagó 6.1 millones por contratar “a sabiendas” a 87 trabajadores indocumentados. Fue noticia porque es raro. Tuvieron 100% de violaciones y evidencia interna de que sabían.
ICE debe probar que el empleador sabía que eran indocumentados. Si el trabajador presenta un SSN (número de seguro social) falso que “parece real”, la empresa se ampara en buena fe.
Las empresas gozan de ciertas ventajas, por ejemplo, los errores en el Formulario I-9 no se multan si se corrigen tras notificación.
Y para colmo, hay muy pocos inspectores: En mayo 2025, solo había 611 investigadores laborales en todo el país para vigilar a 6 millones de empleadores.
La ley federal dice que contratar indocumentados es ilegal. Las multas van de 716 dólares a 28 mil 619 dólares por trabajador. En casos de “patrón o práctica” hay hasta 6 meses de cárcel.
Pero la práctica dice otra cosa. En Texas existe la Ley SB4 con la que un migrante que cruza más de una vez ilegalmente enfrentaría hasta 20 años de prisión. La empresa que lo emplea, si la descubren, enfrenta una multa civil que puede negociar.
Ya lo advirtió el Juez Stuart Rabner, presidente de la Corte Suprema de Nueva Jersey en marzo pasado: “si no obligas al empleador a pagar salarios justos, ciertos empleadores serían incentivados a contratar trabajadores indocumentados”. Es lo opuesto a lo que busca la ley, pero es lo que pasa.
Un operativo reciente en Nueva York terminó con 52 migrantes detenidos administrativamente y solo 5 cargos criminales a individuos. El fiscal lo celebró como “una de las acciones de control laboral más grandes de la historia reciente”.
El foco está claro: el trabajador. No quien se beneficia de su trabajo barato.
La “invasión” que denuncia el Gobierno se combate con redadas, muro y cárcel para el que cruza. Para el que contrata, hay un formulario, 10 días para enmendar y una multa que muchas PYMES gastan más en café al año. Esa es la doble moral: castigar la oferta de mano de obra, no la demanda que la crea.