Por el Senador Juan “Chuy” Hinojosa
Austin, Texas.- A nivel estatal y federal, seguimos destinando miles de millones de dólares a una solución obsoleta, mientras una amenaza propia del siglo XXI sobrevuela nuestras cabezas sin control alguno.
Desde 2021, la Legislatura de Texas ha asignado 2.500 millones de dólares para construir un muro fronterizo. Esos fondos solo alcanzaron para instalar una barrera de 82,2 millas, una fracción mínima de las 1.254 millas que conforman la frontera entre Texas y México. En 2025, a petición de la administración Trump, el Congreso añadió casi 47.000 millones de dólares más. Estamos hablando de cerca de 50.000 millones de dólares gastados en hormigón y acero; dinero que podría haberse invertido en crear una seguridad real para Texas, pero que en su lugar se ha destinado a un plan que no responde al peligro auténtico que enfrentamos.
En 2021, los tres presentamos un plan de seguridad fronteriza que rechazaba la financiación de un muro físico y abogaba, en cambio, por invertir en un muro virtual o inteligente respaldado por tecnología y drones. Juntos, solicitamos fondos para reforzar la vigilancia, la detección y la capacidad de respuesta en tiempo real, así como recursos para cerrar la brecha digital que afecta a las fuerzas del orden en la zona fronteriza.
El muro que se está construyendo es costoso e ineficaz para frenar las amenazas reales a la seguridad. Se está levantando sobre algunos de los paisajes más bellos y frágiles de nuestro estado. Las cuadrillas de construcción operan en la región de Big Bend, una zona donde el número de cruces es bajo y el muro resulta innecesario. La obra atraviesa el Parque Estatal Bentsen y el Centro Nacional de Mariposas en Mission, lugares que albergan una de las mayores riquezas de flora y fauna del país. También amenaza el Refugio Nacional de Vida Silvestre de Santa Ana, uno de los santuarios naturales más importantes que poseemos. Estos proyectos dañan de forma irreversible terrenos que jamás podremos recuperar, todo ello para levantar un muro que no nos hace más seguros y que solo sirve para engrosar los bolsillos de los contratistas encargados de su construcción.
Mientras tanto, la verdadera amenaza sobrevuela nuestras cabezas sin apenas control.
A principios de este mes, el Comité Especial del Senado de Texas sobre Seguridad Nacional y Fronteriza escuchó testimonios que deberían preocupar a todos los texanos. Los drones que hoy se pueden comprar en el mercado realizan tareas que hace 15 años estaban reservadas exclusivamente a las fuerzas militares. Los cárteles y otras organizaciones criminales se han dado cuenta de ello: utilizan drones para espiar a las fuerzas del orden y traficar con drogas, y algún día podrían emplearlos para atacar infraestructuras o eventos públicos. Los informes indican que algunos pilotos de drones de los cárteles reciben grandes sumas de dinero por realizar viajes reiterados a través de la frontera, y que continúan perfeccionando sus tácticas: bloqueando señales, suplantando sistemas e interfiriendo con los equipos. Agradecemos al vicegobernador Dan Patrick por encargar al comité que aborde esta cuestión.
Aquí está la cruda realidad: los cárteles mexicanos y los operadores de drones entrenados en conflictos modernos, como la guerra de Ucrania, están más avanzados que nosotros. Poseen mejor equipo, habilidades más perfeccionadas y mayor experiencia práctica en el uso de drones que quienes intentan detenerlos. Esa brecha debería preocupar a todo texano, y no se cerrará por sí sola. Ciertamente, no se cerrará construyendo un muro a través de la región de Big Bend o de nuestro santuario de mariposas.
Texas no está tan preparado como debería para responder a esta amenaza. El estado cuenta con apenas unos 10 expertos certificados en mitigación de drones, capacitados a través de un curso exclusivo del FBI. La legislación federal mantiene la mayor parte de la autoridad para detener drones fuera del alcance de las autoridades estatales y locales; por ello, los equipos de respuesta dependen principalmente de la “interdicción del piloto”, es decir, localizar y confrontar físicamente a la persona que opera el dron. Este método funciona, pero es lento, costoso y, a menudo, imposible cuando el piloto se encuentra al otro lado de la frontera, fuera del alcance de Estados Unidos.
Quienes realizan esta labor a diario están dando la voz de alarma. El aeropuerto DFW y la Policía de El Paso reportan miles de detecciones de drones cada mes, lo que supone una presión constante para sus equipos. Se ven limitados por normas federales que les impiden utilizar herramientas que ya poseen y por la lentitud con la que el gobierno federal implementa la capacitación y las directrices. Detectar drones eficazmente en grandes extensiones requiere millones de dólares de los que carece la mayoría de los gobiernos locales, situación que se agrava por la deficiente coordinación entre las fuerzas del orden locales, estatales y federales.
Pensemos dónde estaríamos si el dinero gastado en arrasar con maquinaria pesada zonas como Big Bend o el Parque Estatal Bentsen se hubiera destinado a combatir la amenaza real. Incluso una pequeña fracción de los casi 50.000 millones de dólares invertidos en el muro habría bastado para financiar sistemas de detección, capacitación y un verdadero equipo de respuesta a nivel estatal. Ya podríamos contar con los expertos capacitados, la tecnología y la coordinación que a Texas le faltan.
Es hora de detener la construcción de un muro que no nos protege, que perjudica nuestros recursos naturales y que desperdicia el dinero de los contribuyentes, fondos que podrían emplearse de manera más sensata. En su lugar, el Congreso y la Legislatura de Texas deberían redirigir esos recursos hacia los problemas que realmente enfrentamos. Lo que necesitamos es un grupo de trabajo estatal y flexible para combatir el uso indebido de drones, que cuente con autoridad real, financiación suficiente y un proceso ágil para certificar a más operadores.
Necesitamos que los líderes estatales insten a nuestra delegación en el Congreso a ampliar la autoridad legal para actuar con rapidez contra los pilotos de drones, así como a establecer sanciones más severas para las actividades con drones que representen mayor peligro. Requerimos el tipo de coordinación regional que el Grupo de Trabajo CUAS de El Paso ha demostrado que funciona —un modelo que debe replicarse y ampliarse a todo el estado—; asimismo, debemos invertir más en los Centros contra Pandillas de Texas, aumentar el número de Centros de Fusión en el estado e incrementar el apoyo estatal a nuestras agencias locales del orden público.
La advertencia dirigida al comité fue clara: sin una acción inmediata, un ataque grave con drones contra infraestructuras o durante un evento público multitudinario en Texas no solo es posible, sino probable. Debemos tomar una decisión ahora: ¿seguiremos desperdiciando el dinero de los contribuyentes —sacrificando algunos de nuestros paisajes más hermosos para construir un muro— o invertiremos esos recursos en soluciones inteligentes para combatir amenazas reales?