Austin, Texas.- La Fiscalía de Texas propuso un conjunto formal de normas para implementar y administrar el Proyecto de Ley del Senado 17 (89(R)), el cual prohíbe a ciertas entidades extranjeras designadas poseer tierras en Texas. Esta propuesta da inicio al proceso formal de elaboración de normas, el cual incluye un periodo de comentarios públicos antes de que cualquier norma pueda ser finalizada.
La Legislatura de Texas aprobó el SB 17 durante la 89.ª sesión legislativa, y la ley entró en vigor el 1 de septiembre de 2025. El estatuto restringe la compra o adquisición de bienes inmuebles por parte de ciertos individuos y entidades provenientes de naciones adversarias designadas, incluyendo China, Rusia, Irán y Corea del Norte. Su objetivo es mitigar los riesgos para la seguridad nacional y proteger las tierras y la infraestructura crítica de Texas frente a amenazas extranjeras.
La Fiscalía texana ha propuesto normas integrales para guiar la futura implementación. Las normas propuestas definen términos clave, delinean la estructura y la autoridad de la OAG, y detallan los procedimientos de investigación, incluyendo las demandas de investigación civil y los requisitos de respuesta.
Las normas propuestas también abordan las obligaciones de presentación de informes y las protecciones de confidencialidad, e incluyen cláusulas de salvaguarda y de divisibilidad. Las normas propuestas fueron presentadas ante el Secretario de Estado el 16 de marzo de 2026 y publicadas en el “Texas Register” hoy, viernes 27 de marzo.
En virtud de estas normas, los individuos y entidades involucrados en la facilitación de transacciones inmobiliarias —tales como prestamistas hipotecarios, compañías de seguro de títulos, aseguradoras de propiedades, tasadores o profesionales inmobiliarios con licencia— estarían obligados a reportar cualquier presunta violación de la ley a la Oficina del Fiscal General.
Las denuncias deberán presentarse electrónicamente a través del formulario de quejas en línea de la OAG, disponible en el sitio web de la agencia, o por correo postal a la dirección designada por la OAG para tal fin.
Según las normas propuestas, todas las denuncias, demandas de investigación civil y materiales relacionados que sean presentados ante la OAG o emitidos por esta serán confidenciales y no estarán sujetos a divulgación pública, salvo que la ley así lo exija.